Juan Carlos I suscribió campechanamente, a todos los que vieren y entendieren, claro, la Ley 27/2006 del 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Puede que no tuvieras ni idea de que existía una ley que protegía y defendía tu derecho como ciudadana a acceder a la información, a participar y a poder defenderte, en materia de medio ambiente, pero existe. Alabemos a Europa, por obligarnos a trasponer las Directivas 2003/35/CE y la 2003/4/CE, por las que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y del acceso público a la información medioambiental.

Hippie_Bus

Los del Parlamento y el Consejo Europeo cuando empezaron con el rollo comeflores de proteger tanto al medio como a las ciudadanas (europeas, claro) y se liaron a escribir Directivas en cadena para enmarronar a nuestros gobiernos.


Nuestra Constitución-o mejor dicho, la Constitución que nos dieron-, establece al medio ambiente como bien jurídico propiedad de todas, es decir, como derecho, a la vez que dicta el deber de conservarlo y protegerlo, tanto por la Sociedad como por las Administraciones. Para poder ejercer el derecho y el deber se requiere participación pública real en la toma de decisiones. Lo mejor de todo es que esto no es poesía mía, sino que es la exposición de motivos de la Ley 27/2006, que parece que ha redactado una comisión del 15M. La realidad jurídica comparada con la realidad cotidiana queda como muy fantasiosa, pero el papel lo aguanta todo, claro. El derecho medioambiental ha tenido un subidón en los últimos veinte años, resultando en farragosas leyes, derectos, directivas, convenios que al final nadie conoce y a nadie le importan, pero quedan muy bonitos y como que apaciguan las conciencias de los que los escriben, me imagino. Y ala, todos a poner por escrito que hay que proteger a Pachamama.

Si aceptas su burocracia, les quieres joder su sistemilla disuasorio y asumes que vas a tener que invertir tiempo y esfuerzo, tu capacidad de liarla, de paralizar o modificar proyectos, planes, programas y autorizaciones, es inmensa

Tanto las dos directivas anteriores, como la trasposición en ley nacional, proceden de los acuerdos del Convenio de Aarhus de 1998, en los que gente muy hippie decidió que todas tenemos derecho a acceder a la información-no a ser informados-, a participar en la toma de decisiones y al pilar de acceso a la justicia en la que se introduce una previsión que habilitaría al público a entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable, bien a otro particular, bien a una autoridad pública, que constituya una vulneración de la legislación ambiental nacional. Es curioso esto, porque en el sector del Medio Ambiente la responsabilidad de lo que ocurra recae especialmente sobre las ciudadanas. Si no nos importa, por omisión o por desconocimiento, lo que pase está siendo también culpa nuestra. Entona el mea culpa por no estar al tanto de los boletines oficiales de ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Actívate ya un RSS, coño.

A lo que me refiero es que la magnitud de la información a controlar, y la capacidad humana de involucración, junto a la preparación técnica suficiente para traducir y aplicar la neolengua, son variables importantes que determinan el alcance de este derecho medioambiental, y que hacen difícil su aplicación como deber. O existe mayor implicación ciudadana, o la delegación en la Administración será la que decida. Creo que todas sabemos qué ocurre cuando decide. Es discutible también que se pretenda esa participación ciudadana cuando el acceso a la justicia tiene una componente económica que no puede transgredirse. Si pudiera, me empapelaba y metía a juicio a la mitad de las Administraciones, pero no tengo, como casi nadie, capital suficiente para sostener procesos judiciales largos y costosos. Por mucha razón y derecho que tenga, aquí está la primera discordancia de la realidad jurídica con la realidad cotidiana.

La Constitución también establece derecho a pataleta, así que una vez arreao con la imposibilidad, aquí viene algo bueno. Tú puedes paralizar proyectos sin encadenarte a árboles e impugnarlos a través de alegaciones. Lo que no descarta encadenarte a árboles, pero la primera acción debería ser acudir al procedimiento ordinario de su sistema para dar por culo de manera oficial. Además es gratis.  Aunque no te da tanto bombo y es menos cool.

Foto de Javi Martínez

¿Quién no recuerda a la Thyssen encadenándose a un árbol? Ella demuestra que el estilo no es incompatible con la conciencia ambiental. Y posa y todo.

Aquí tienes resumidos y traducidos tus derechos:

A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

Es decir, que puedes escrachear a la Administración que sea y exigirle esa información, que tienes derecho a recibir asesoramiento de esa misma Admnistración y que además no tienes que justificarte. En cualquier caso la ley también dice que lo mismo te van a cobrar -“que en su caso sean exigibles para la recepción“-. Pero vamos, que ahí se queda, la solicitud no te la cobran pero puede que algo de lo que les pidas tenga una tasa (que tendrá que estar publicada). Si te lo envían de forma telemática o es en mano y son menos de 20 páginas, estas exento. Quéjate a las funcionarias con la ley en la mano.

La Administración, desde que reciba tu solicitud, tendrá un máximo de dos meses para contestarte y darte lo que le hayas pedido. Si no te lo da, te tiene que contestar, incluyendo en su respuesta el procedimiento para el recurso (quejarte otra vez y recurrir que no te lo hayan dado, vía administrativa o contencioso-administrativa). Por cierto, te la pueden denegar porque esté en proceso de elaboración, porque tenga algo que ver con defensa nacional y seguridad pública, relaciones internacionales, por secreto industrial-cuando esté previsto en otra Ley de igual rango, menos cuando se refiera a emisiones-, o porque se refiera a localizaciones de nidos y cosas así que puedas querer destruir.

A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley

Y acceder con antelación suficiente al material necesario para presentar alegaciones en los plazos oficiales, y previo a que se adopte una decisión dedocrática, en los casos de concesión de autorizaciones a proyectos incluidos en la IPPC (ley de prevención y control integrados de la contaminación), declaraciones de impacto ambiental (autorizaciones para proyectos sujetos a la Ley 21/2013), en relación a títulos otorgados a transgénicos (OMG se llaman) y a los procesos de planificación recogidos en la Ley de Aguas. Para esto tienes que estar al tanto de los boletines oficiales y presentar las alegaciones formales en la fase de información pública a la que debe someterse lo anteriormente citado. Por cierto, aquí no vale lo de cualquier persona, deben reconocerte como persona interesada, pero si estás al tanto del proyecto,seguramente sea porque eres una vecina a la que se la van a liar, o puedes justificar tu interés legítimo individual conforme al artículo 31 de la ley 30/1992, que la han derogado por la ley 39/2015, en la que aparece este concepto en el artículo 4.

La Acción Popular

En cualquiera de los casos citados anteriormente y en lo referido en general para el Medio Ambiente, lo mejor es ser reconocido como persona jurídica sin ánimo de lucro. Cuando se vulnere por la Administración las normas, esta acción popular puede recurrir la omisión o vulneración por la vía administrativa o por la contencioso-administrativa. La putada es que para ser reconocido con esta figura, el colectivo debe tener más de dos años y recoger en sus estatutos acreditados la defensa del Medio Ambiente, o que desarrollen su actividad en la zona que vaya a ser afectada. Esta figura tiene derecho a asistencia jurídica gratuita.


Lo que quería decir es que si aceptas su burocracia, y les quieres joder su sistemilla disuasorio y asumes que vas a tener que invertir tiempo y esfuerzo, tu capacidad de liarla, de paralizar o modificar proyectos, planes, programas y autorizaciones, es inmensa. Que no hace falta que GreenPeace y Ecologistas en Acción lo hagan todo por tí, que tienes derecho y deber reconocido para hacerlo, y que de manera individual también se puede.

raj

No te cortes y sé como él

Por: RAF Tomaten

2 thoughts on “SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MEDIO AMBIENTE

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *