El tratamiento informativo del medio ambiente es de sobra conocido por todo aquel que se dedique a él; priman las noticias sensacionalistas, los titulares estridentes (¿Quién no recuerda las “ciclogénesis explosivas”) y en general poco rigor y menos contraste, junto con afirmaciones tendenciosas y un uso abusivo de causalismos con base científica escasa. Los incendios, más que no ser la excepción, son la regla; verano tras verano asistimos al despliegue mediático de hectáreas quemadas, fragas calcinadas, y comarcas ardiendo sin que en apariencia puedan frenarse estos desastres y fueran tan típicamente veraniegos como la sangría y los guiris en plena okupación costera.

Grandes y Pequeños medios de comunicación se suman a este infierno vomitando datos inconexos y carentes de contexto que no hacen sino confundir aún más al lector-espectador y cargarle de ideas equivocadas que reafirmen sus propias convicciones; que los incendios son cosa del verano y que si no hiciésemos barbacoas en el campo y se persiguiese la piromanía esto no pasaría.


Mientras que las consecuencias de los incendios son más conocidas -y menos tratadas, todo hay que decirlo-, las causas se están convirtiendo en estos últimos años cambio-climatescos en commonplace de todo hijo de vecino. Peligrosa mezcla la falta de información y la autocomplacencia de la sociedad, que opina que lo ha entendido y que poco se puede hacer ya por los montes en este país. En este artículo voy a comentar, criticando de paso el post ” Manipulaciones, incendios y recalificaciones (aquí) , algunas de las medias verdades y enteras distorsiones que circulan por mi entorno y por los medios, sobre todo cuando nos encontramos en ese punto en el que los medios que se suman al ataque contra el gobierno-antes de que no tuviésemos gobierno- tienen en su mano la chapucera nueva ley de Montes y el Norte se está quemando en Diciembre.  He elegido el artículo del blog anterior como base para éste porque defiende gran parte de la argumentación que circula en los ámbitos medianamente informados sobre incendios, y porque en otros medios ciertamente ni se mencionan correctamente estadísticas e información del Ministerio de Medio Ambiente, ni opiniones técnicas.

Comencemos por los incendios en Invierno ¿casualidad, cambio climático, empresaurios ávidos de terreno a recalificar?

Que el monte se queme en Invierno en el Norte no es tan raro; a nivel nacional, la distribución anual de conatos e incendios presenta un máximo estival y un máximo relativo en Invierno, es decir, la tendencia temporal demuestra que el Invierno es la segunda estación en número de conatos e incendios después del verano. A diferencia de lo que se pudiera pensar, en Invierno se superponen varias causas que aumentan la probabilidad de incendio en ciertas regiones.

La diferencia de el año 2015 con los anteriores es que los incendios en Invierno suelen producirse en Febrero-Marzo, mientras que en este año pasado los incendios de Bizkaia, Cantabria y Galicia, han tenido lugar en un mes de Diciembre. Por otro lado, y no estoy aquí descubriendo América, este Diciembre ha sido excepcionalmente seco en toda la Península; esto, junto con viento del sur (es decir, seco) es caldo de cultivo para que se incendien masas forestales sin limpiar (y otros intereses). Controlar esto está fuera de nuestro alcance, además de no ser ni de lejos la causa principal. Por lo tanto, culpar a la meteorología es estar muy fuera de la realidad.

A diferencia de lo que se pudiera pensar, en Invierno se superponen varias causas que aumentan la probabilidad de incendio en ciertos territorios.

Las estadísticas que pone a nuestra disposición el MAGRAMA muestran, tomando datos del último decenio 2001-2012, último informe publicado, que los incendios intencionados son los más numerosos, representando más de la mitad del total y el 60 % de la superficie afectada.” Este porcentaje es del 80 % sobre el total de siniestros”, mientras que al consultar “tipo de causa” la “cierta” solo llega al 18% y la “supuesta” es el 80 %. El MAGRAMA agrupa las causas de incendios en función del origen, resultando en las categorías de rayos, negligencias-accidentes, incendio reproducido, causa desconocida e intencionados.

Los incendios intencionados son los más numerosos, representando más de la mitad del total y el 60 % de la superficie afectada

Hay que señalar que determinar la causa de un incendio es complicado, y que la clasificación de causa como “supuesta” implica que o no se ha realizado la investigación que procede o sólo se puede determinar la causa más probable, mientras que “cierta” implica que el resultado de la investigación ha determinado una causa precisa, por lo que razonablemente puede desconfiarse de esa estimación de “supuesta” -aunque personalmente no me parece tan sobreestimada, ya que casi el 20% alcanzan la categoría de “cierta”-. Estos datos a los que me refiero son respecto a incendios intencionados, no al total de causados por el hombre, ya que esta última categoría engloba también las negligencias, con lo cual, es relevante que en este país la intencionalidad y la negligencia sean la mayor causa de incendio y la que cubre mayor superficie afectada, y no, como racionalmente se podría pensar, en ambiente mediterráneo, fuera el clima. Esta causalidad también tiene  un carácter regional, ya que mientras en el centro sur peninsular el desencadenante principal es la negligencia, en el Norte éste es la intencionalidad ¿y qué interés tienen en el Norte para que se queme un bosque o una zona de matorral? Pues aquí hay que recurrir al análisis socioeconómico de las causas:

El presidente de la asociación que agrupa al centenar de agentes forestales de Cantabria, José Antonio García (ahí), ha afirmado hace poco que “Se acabaría con los incendios si se hicieran los cambios adecuados en la gestión de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común). Europa subvenciona cada hectárea de pasto y el dinero se lo reparten los ganaderos según el número de cabezas que tengan, pero un terreno con matorral, piedras o arbolado no recibe un euro de la PAC. Así que algunos ganaderos prenden fuego al monte para conseguir pastos, pero sobre todo subvenciones.

Cuando se quema un terreno solo se deniega la ayuda de la PAC durante un año. Lo que se quema, además, es siempre de titularidad pública (de uso comunal), porque son los terrenos con más hectáreas y porque, si un ganadero quema sin autorización un terreno de su propiedad, se convierte en sospechoso inmediatamente. El terreno público, como beneficia a todos, lo puede haber quemado cualquiera.”

Esto puede considerarse como cierto, ya que mientras que casi el 70 % de los montes arbolados y desarbolados en España es de titularidad privada, las superficies afectadas son principalmente públicas (vecinales, catalogados…). Ahí tenemos la primera causa; las siguientes, y relacionadas además con el máximo relativo de incendios en Invierno, son la quema agrícola (primera causa de negligencia y de intencionalidad) y la quema ganadera para apertura de pastos. Ambas prácticas son usos tradicionales del fuego en la península y convierten a las masas arboladas y de matorral en un estorbo que impide en principio a ganaderos y agricultores hacer lo que creen que tienen que hacer para ganarse el pan. Esto aparte de correlación temporal tiene correlación espacial; el noroeste peninsular es la zona donde mayor superficie afectada se ha registrado entre 2001-2012, con grandes diferencias respecto a las otras zonas mediterráneas, otra vez lejos de lo que en principio cabría pensar.

cañeteEl ex-ministro del MAGRAMA Miguel Arias Cañete, que recomendaba comer yogures caducados y a veces hacía leyes. Multimillonario y Comisario Europeo del Clima y la Energía, aún con corbata y a pesar de todo, sigue teniendo cara de agricultor. Foto

Ahora pasemos a la carnaza de la cuestión ¿es o no es irresponsable la nueva ley de Montes? Esta última y tendenciosa modificación la firma el PP, y ahora vamos a hablar de cómo defenderla y cómo nos podemos equivocar al intentar contradecirla. Para ello voy a tomar como ejemplo los argumentos que ofrece el artículo que he mencionado arriba.

“Que 2012 fuera el año con más incendios de los últimos 10, ¿también era por el cambio de ley?”

Probablemente se debe a que el último informe publicado por el MAGRAMA (este) que recoge los incendios y la situación a nivel estatal, con la comparativa histórica y causal es del 2012 y ahora estemos con “avances informativos” hasta el 2014 (estos), por lo tanto no se está en condiciones ni de juzgar, partiendo de ese informe, lo que ha supuesto esta ley, ya que no hay información comparable, ni de lo que estaría quemándose si no estuviera vigente. Simplemente porque no es un escenario comprobable.

La dinámica de incendios está influida principalmente por el clima y la mano del hombre. Dentro del quinquenio más cálido desde que se registra la temperatura, es lógico pensar que el factor clima va a ser determinante en que se propicie un fuego; ese factor en estos últimos años, unido a factores humanos, supone que la probabilidad de incendio aumente y que un territorio previamente vulnerable de manera natural, pueda acabar incendiado cuando clima y ser humano van de la mano. Por lo tanto, una ley que ampare y propicie otra motivación -no carente de sentido- que pueda tener un ser humano para quemar algo -por ejemplo, urbanizarlo- es ante todo e independientemente de la estadística una irresponsabilidad por parte de la administración y una estupidez peligrosa (sobre todo porque anteriormente no se iba a producir un incendio para urbanizar algo porque no se permitía recalificarlo, ese porcentaje ronda el 0,4%).

Por lo tanto, una ley que ampare y propicie otra motivación que pueda tener un ser humano para quemar algo es ante todo e independientemente de la estadística una irresponsabilidad por parte de la administración y una estupidez peligrosa

Estamos hablando por lo tanto, del principio de precaución, por el que una administración, aún careciendo de total certidumbre científica o estadística, actúa de acuerdo al peor escenario posible para prevenir sus consecuencias (más o menos todo lo contrario a permitir una recalificación sobre terreno quemado).

“Por otra parte, la publicación de la nueva Ley de Montes y las posibles recalificaciones, no sirven para nada porque las diferentes comunidades autónomas deben de desarrollar su propia normativa autonómica”

Esto alude principalmente a la falta de conocimiento legal suficiente del autor; aunque una Comunidad autónoma desarrolle su normativa propia, esta estará sujeta al principio de jerarquía jurídica; es decir, la normativa estatal prevalecerá sobre la autonómica y esta última en ningún caso podrá contradecir a la nacional. Por lo tanto una ley nacional SÍ SIRVE PARA ALGO (sobre todo si la aprueba un gobierno cuyo partido domina en la mayor parte de las comunidades autónomas). Además, en el caso de que la comunidad autónoma no desarrolle su propia ley, quedará vigente la nacional.

“Sólo se permite la posible recalificación en aquellos casos de carácter excepcional en la que concurran razones de interés público de primer orden y la recalificación de la zona quemada tiene ser previa al incendio”

Hay que enterarse YA de que “razones imperiosas de interés público de primer orden” es un concepto que vale y significa tanto como “indemnización en diferido” “línea de crédito desde Europa” y “y lo segundo ya tal” ; pensemos por un momento que estuviera definido razón imperiosa de interés público de primer orden ; eso significaría que así sí estaría acotado el margen de actuación y que existiría un listado de razones y motivaciones recogido que permitiera guiar o no un proyecto en función de ellas; pues bien, no está definido. ¿Esto qué significa? Pues en la práctica -ya que teóricamente este concepto es inexistente a pesar de aparecer en toda ley ambiental-, que el gobierno local/autonómico/estatal tiene potestad para definir una razón imperiosa (como puede ser desde hacer pasar el ave por Doñana a revitalizar un municipio con unas urbanizaciones a pie de monte), que el gobierno local/autonómico/estatal se hace con la bandera de decidir qué es o qué no es interés público (un centro comercial puede ser interés público, un museo del vino que arruine al municipio también, una autopista de peaje, un aeropuerto en Ciudad Real…). Por lo tanto, esa definición vaga de exclusión de ciertas recalificaciones es inexistente y abiertamente falsa, y solo conduce a una arbitrariedad que dependerá del dedazo de la administración en llevarse a cabo o no. Muy tranquilizador ¿verdad? Pues así de seguro queda el medio cuando a cada artículo proteccionista se le termina con esta coletilla que anula la ley. Cabría preguntarse cómo puede seguir usándose este kilométrico término cuando no se define en ningún lado, pero bueno it´s magic todo esto.

El artículo 63 de la ley de Montes es el que ha generado el problema. Se va a resumir aquí por no incluirlo entero, que me está quedando muy largo el post:
Queda prohibido el cambio de uso forestal en 30 años (…) SALVO QUE CON ANTERIORIDAD AL INCENDIO EL CAMBIO DE USO LO PREVIERA:

  1. “Un instrumento de planeamiento previamente aprobado”.

Este punto se refiere a los PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), que, si no me equivoco, se pueden aprobar y redactar previo a un incendio intencionado -tenemos caso de PGOU vergonzosos y caciquiles en Valencia, tierra de paciencia y corrupción, donde se repartían los terrenos entre amigos y constructores como si fuera la tómbola-. Por lo tanto, la consecución puede no ser INCENDIO < RECALIFICACIÓN, sino mejor dicho: RECALIFICACIÓN < INCENDIO.

  1. b) “Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública”. Esto viene a decir que un PGOU que no haya entrado en vigor ni haya sido aprobado, también vale para promover el cambio de uso.
  2. c) “Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.”

Me pregunto aquí -tengo dudas- si un bosque quemado puede considerarse en estado de abandono para que sirvan de pasto o si un matorral con uso forestal pero sin oficio ni beneficio contante y sonante está en estado de abandono. Una vez más, en la ley no se define el concepto de estado de abandono, así que supongo que calificarlo como tal recaerá de nuevo en el dedazo administrativo. Esto me suena a permitir y fomentar un cambio de uso junto con una concesión a los ganaderos, pero no lo termino de tener claro (es difícil pedir más claridad a la neolengua creativa legal). En cualquier caso este apartado parece peligroso y animo a estudiosos de la lengua y la legislación a concretarlo y traducirlo para que el resto de mortales podamos dejar de preocuparnos y respirar aliviados.

He de confesar que una rápida búsqueda en google me ha llevado a distintas noticias (todas galegas) relacionadas con el estado de abandono de montes de propiedad vecinal (comunales), categoría por cierto muy minoritaria en la actualidad,  en las que la falta de aprovechamiento se considera como estado de abandono, esto parece referirse a la falta de aprovechamiento maderero -lo cual no aplica para un monte con cubierta de matorral- o puramente referido a usos extractivos o recreativos. Lo único que he podido averiguar (leyendo el código de la administración galega) es que estado de abandono de monte vecinal lo decide la Xunta por razones de utilidad pública o interés general- ya estamos, da miedo. Otra vez dedazo- y será en función de “grave deterioro ecológico, no fuera explotado de acuerdo a sus recursos o sufra una extracción abusiva de los mismos”. Con esto podemos afirmar que todo monte vecinal no explotado sosteniblemente está en estado de abandono y por tanto le aplica este artículo.

¿Qué hemos aprendido? Que en cuestiones de medio ambiente el dedazo administrativo es juez y parte y que solo existe definición de estado de abandono para monte vecinal galego (estoy deseando que alguien contradiga esto).

En cualquier caso y volviendo a la Ley de Montes, se indica que si se decide cambiar de uso el monte, “deberán llevarse a cabo medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal igual a la quemada”

 Esto de medidas compensatorias está definido en otras leyes (como la 42/2007 del 13 de Diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad) y viene un poco a decir que puedes hacerlo pero que no te cantees y arregles otra cosa en otro lado para no quedar fatal delante de tus hijas y nietas. En este caso, sería por ejemplo reforestar otro terreno de tamaño equivalente -en principio y en teoría-. De nuevo, la compensación se contempla con carácter excepcional; es decir, cuando inevitablemente no puede no llevarse a cabo el proyecto. Es decir, cuando la Administración y su visión hegemónica dicte que no hay opciones, deberá compensarse con una actuación que no restaure, ni minimice ni amortigüe el daño que ha causado el proyecto, sino que en una balanza imaginaria mejore las condiciones de otro lugar equivalente (mirar esto). Esto es un poco como que los bancos destinen fondos a causas sociales o que antes se pudiera pagar para poder comer carne en Cuaresma; a fin de cuentas, es estar en misa y repicando.

Estas medidas forman parte de la legislación sobre el medio; bajo un afán aparentemente proteccionista, y haciendo creer que no queda impune el daño cometido, se recogen estas excepciones y “castigos” o “precios a pagar” por hacer el daño igualmente. Conclusión, que si te emperras, haces  que el ave pase por Doñana.

El post sigue diciendo “pero las medidas compensatorias harían inviable cualquier medida urbanística”

En la realidad paralela de los que se han creído la legislación podría ser medio cierto; pero no es el caso; las medidas compensatorias no son una buena manera de evitar un proyecto o cualquier otra iniciativa, porque pocas veces en la historia -corta- de la protección jurídica del medio ambiente se han llevado a cabo de manera proporcional. Con proporcional me refiero a que es difícil y diría que imposible compensar un daño ambiental por un bien ambiental, ya que no se trata de restaurar ese daño, sino de compensar. Este tipo de concepto es poco efectivo y lleva normalmente a chapucillas, cuando lleva, ya que la compensación nunca va a recuperar lo perdido (mirar esto).

     jaramaEsto que tenéis aquí es el resultado de una millonaria medida compensatoria que AENA tuvo que financiar cuando amplió Barajas a costa de desviar el curso del Jarama. Por cierto, la medida era una repoblación, no de hierbajos, claro. Por lo visto, que parezca un descampao ya no es culpa de AENA. Foto: Santi Burgos

Cuando digo “cuando lleva” me refiero a que me creo poco lo de la proporcionalidad, y que se me ocurre, no sé invertir unos cuantos millones en un plazo de X años en medidas de mejora en un parque natural, es como dar limosnillas a la sociedad por lo que le has robado. Si se aplica estrictamente la actualización económica del valor ambiental perdido, pocos proyectos de afección intensa serían viables, ya que el coste presente y futuro supera con creces lo que alguien estaría dispuesto a pagar (esto refiere a determinar cuánto vale y valdrá ese monte perdido en todas las funciones sociales, de regulación y de protección de la biodiversidad que cumple y habría cumplido en el caso de no haberse destruido). En resumen, un follón que además de complicado de determinar es y será muy discutible económica, ambiental y subjetivamente hablando. A nivel judicial no se aplican estrictamente estos costes debido a las anteriores razones y por imposibilidad de que la persona acusada física o jurídica los asuma. Invito a leerse la sentencia pionera del caso “Exxon” en relación al accidente del Exxon Valdez y a los pagos a los que tiene que hacer frente la compañía en concepto de daños punitivos y compensatorios; ¿es suficiente pasta la que se ha soltado por el daño cometido?. Nunca lo sabremos ni cobraremos.

En cualquier caso, no tengo datos de que los condicionantes o contraprestaciones ambientales de un proyecto hayan frenado el avance de éste por motivos puramente económicos.

“Como bien recuerdan en el Aula de Silvicultura entre 2001 y 2012, únicamente el 0.34% de los incendios tuvo relación con la recalificación y la construcción”

El mismo que negaba los datos de 2012 por ser previos a la ley, acude aquí a los datos de 2012 para argumentar la ley. Repito, no son datos comparables cuando no existía motivación amparada por la ley.

“Desde @greenpeace_esp afirmamos rotundamente: NO hay relación entre los incendios #iiff de este verano y la Ley de Montes recién aprobada. Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto) agosto 10, 2015″

De nuevo; la ley aprobada en verano no entraba en vigor hasta Octubre de 2015, por tanto este tuit repite una obviedad (válida hasta que entró en vigor).


Animo desde aquí al MAGRAMA a que comience a estudiar la repercusión del cambio de ley en relación a los porcentajes de causa de incendio, para verificar si está repercutiendo que se ampare un incendio posterior a un cambio de uso. Animo a los medios de comunicación a que se centren en las causas detrás de los incendios; la intencionalidad es compleja y no exclusivamente se concentra en la piromanía.

Eliminar las motivaciones principales ganaderas y agrícolas a las quemas, como pueden ser las mencionadas anteriormente, conduciría a una minimización de conatos e incendios en España. Ir a la raíz de los incendios es invertir en la prevención y limpieza de montes, el típico eslogan de “los incendios se apagan en Invierno”. Estas dos estrategias son las principales en lo que debería ser la lucha contra incendios, para no asistir año tras año impotentes a la destrucción de nuestro patrimonio natural.

Es una pena como de un lado y otro se sigue la lucha encarnizada contra falsos enemigos mientras tenemos a nuestro alcance la ley y somos incapaces de interpretarla, o directamente no nos interesa, porque buscamos sólo reafirmar nuestro prejuicio o convicción religiosa previa en la información que leemos o porque directamente no se nos ocurre crearnos una opinión recurriendo a la ley. También vale decir que el que hace la ley hace la trampa.

Para gestionar ya están los políticos y para pensar ya están los periodistas. Y nosotros, teleespectando.

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